Con un rostro impávido el ex presidente Fujimori recibió la sentencia de veinticinco años de prisión habiéndose determinado su responsabilidad como autor mediato de la masacre de barrios altos y la desaparición de los estudiantes de la universidad “la Cantuta” , además del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en los sótanos del SIE . Uno a uno le fueron leídos los nombres de las treinta personas asesinadas por el grupo paramilitar Colina, a quienes el ex mandatario encubrió sistemáticamente, entorpeciendo la labor de la justicia y haciendo caso omiso de las denuncias proporcionadas por la prensa independiente en su momento.
Lo conseguido por la corte suprema del Perú alcanza dimensiones históricas para el derecho internacional. Nunca antes en Latinoamérica un dictador fue hallado culpable por crímenes de lesa humanidad. El tribunal presidido por el juez César San Martín dirigió un proceso impecable, seguido muy de cerca por especialistas de todo el mundo debido a las implicancias que podría generar este dictamen en los futuros juzgamientos a otros lideres de regímenes autocráticos .
Fue una decisión unánime que a la vez desestimo todo argumento de la defensa, que en ningún momento favoreció el esclarecimiento de los hechos, a lo que los jueces respondieron sin ingenuidad. Salomón Lerner, quien presidio la Comisión de la verdad y reconciliación declaró en respuesta a la crítica fujimorista de falta de pruebas reales y tangibles: “No se puede sacrificar la ética y el derecho por un seudopragmatismo. Quieren pruebas, si son personas racionales que establezcan un silogismo que hasta los niños resuelven: si camina como pato, nada como pato, qué va a ser. A lo largo de la historia se ha comprobado que en estos casos no hay pruebas escritas. Son arreglos de naturaleza verbal, la escritura del pacto está en los hechos, no en el papel; esa es el acta. Fujimori no usaba papeles, incluso para corromper, a través de Montesinos, usaba videos.
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